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Caso Valeria Afanador: Familia denuncia negligencia de las autoridades en la búsqueda de la niña

La familia de Valeria Afanador asegura que el colegio no aplicó los protocolos necesarios ante la desaparición de la menor de edad.

Caso Valeria Afanador: Familia denuncia negligencia de las autoridades en la búsqueda de la niña

La familia de Valeria Afanador, la menor de edad desaparecida en el municipio de Cajicá desde el pasado 12 de agosto, denunció negligencia de las autoridades en el protocolo para encontrar a la niña.

A través de un comunicado, la familia dijo lo siguiente:

  • “Con profundo dolor e indignación, la familia Afanador Cárdenas denuncia ante la opinión pública las graves irregularidades en la investigación por la desaparición de nuestra hija Valeria (10 años) en Cajicá, ocurrida el 12 de agosto de 2025. Exigimos que se respete el mandato constitucional que declara que el ‘derecho a la vida es inviolable’ así como los derechos fundamentales de los niños a la vida e integridad física que el Estado tiene el deber de proteger”.

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En el documento, agregaron que las autoridades como la Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional han actuado con demora e ineficacia.

En ese sentido, mencionaron que la circular amarilla de Interpol para la localización fue emitida siete días después de la desaparición que, según la Defensoría del Pueblo ha apuntado, fue un retraso “injustificado”. Además, advirtieron que no se activó inmediatamente el Sistema Nacional de Bienestar Familiar para medidas de urgencia.

“Cada minuto perdido en la búsqueda de Valeria agrava el riesgo sobre su vida e integridad”, cuestionó la familia Afanador.

Por otro lado, la familia cuestionó el actuar de las directivas y personal del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles:

  • “La familia rechaza que incluso la institución educativa haya tardado en notificar la ausencia de Valeria, pero subraya que ello no exime al Estado de su responsabilidad principal. Hasta hoy desconocemos qué acciones concretas han asumido el CTI y la Policía: no hay información clara sobre diligencias en cámaras de seguridad ni sobre interrogatorios a testigos. Nos llena de rabia e incredulidad que, ante la posible desaparición forzada (prohibida expresamente por la Constitución), la Fiscalía no haya desplegado todas sus fuerzas desde el primer día. Las evidencias apuntan a omisiones y negligencias imperdonables por parte de aquellos a quienes pagamos para proteger a los ciudadanos”.

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Finalmente, la familia hizo una exigencia urgente a la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Educación, la Presidencia de la República y organismos internacionales de derechos humanos para que cumplan con lo establecido en ley en cuanto a la búsqueda de menores de edad, más aún cuando se indica que es una desaparición forzada.

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