Corte Constitucional admitió demanda contra la zona binacional entre Colombia y Venezuela
La demanda le correspondió al despacho del magistrado José Fernando Reyes Cuartas. El gobierno tendrá que explicar el memorando de entendimiento, que para la Corte parecería más un tratado internacional.

La Corte Constitucional admitió para su estudio una demanda que busca tumbar el memorando de entendimiento entre el Gobierno colombiano y Venezuela, con el cual se busca estructurar una zona binacional, con el fin de adoptar medidas económicas y de seguridad en tres departamentos colombianos y otros venezolanos.
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De acuerdo con la demanda, se consideró que las disposiciones que se plantean allí son inconstitucionales porque adoptan planteamientos que corresponden más a un tratado internacional, el cual debe tener sí o sí el aval del Senado y al tiempo debería haber sido revisado por la Corte Constitucional.
Para el despacho del magistrado José Fernando Reyes Cuartas, la demanda cumple los requisitos y tiene cargos concretos y fundados, por lo cual era admisible y de hecho se decretaron varias pruebas. Es más, de acuerdo con lo señalado por el alto tribunal, tal memorando, de forma factible, permitiría entender que se podría calificar como un “tratado solemne” sujeto a control judicial.
“Esta corporación insiste en que el ordenamiento jurídico no existe disposición alguna que esté exenta de control judicial y ante la duda es natural que se prefiera aquella interpretación que permita la guarda de la integridad y supremacía de la Carta (Constitución Política)” se lee.
Por lo anterior, al admitir la demanda, decretó varias pruebas que tendrán que ser allegadas. Entre ellas, se solicitó a la presidencia copia del memorando, la información de quiénes lo negociaron, si se convocó a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores como cuerpo consultivo, estado de cumplimiento del memorándum, si se consultó la opinión del Senado o no, así como algunas inconsistencias detectadas.
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Frente a esto último, por ejemplo, la Corte Constitucional le ordenó al Gobierno argumentar por qué se dice que tal memorando es un documento de entendimiento sin obligaciones puntuales, mientras en su preámbulo y articulado se exponen responsabilidades y obligaciones, sujetando lo pactado allí al ordenamiento jurídico.
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