Defensoría advierte que proyecto de paz total del Gobierno necesita “ajustes de fondo”
El órgano pidió mayor claridad sobre reparación a víctimas, garantías para comunidades étnicas y alertó sobre el riesgo de otorgar beneficios a reincidentes en la violencia armada.
La Defensoría del Pueblo emitió un concepto sobre el proyecto de paz total presentado por el Gobierno en el Congreso, en el que advirtió que se requieren “ajustes de fondo” para evitar vacíos jurídicos y riesgos de inconstitucionalidad.
“El proyecto carece de una definición clara sobre cómo garantizar la reparación integral a las víctimas y podría ser inconstitucional si otorga nuevos beneficios a personas reincidentes en la violencia armada”, señaló la Defensoría.
Aunque el organismo valoró positivamente que el Congreso inicie el debate de la iniciativa en busca de la paz, advirtió que el texto actual del proyecto presenta vacíos que deben corregirse. En su concepto, la entidad pidió convocar audiencias regionales y realizar consulta previa con pueblos indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueros y Rrom, para garantizar un enfoque territorial y diferencial.
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También cuestionó que la propuesta no define con claridad cómo se garantizará la reparación individual y colectiva, especialmente de víctimas de la criminalidad organizada, que hoy no cuentan con un programa administrativo.
La Defensoría señaló que la política de atención a víctimas está desfinanciada y que la mayoría de personas afectadas por el conflicto armado y la criminalidad organizada no tienen certeza de cuándo recibirán reparación.
El organismo advirtió que algunos apartes del proyecto deberían tramitarse como normas estatutarias, ya que regulan aspectos de justicia transicional. Asimismo, rechazó que se puedan otorgar beneficios a personas que ya accedieron a mecanismos de justicia transicional y reincidieron en la violencia, pues para estos casos solo cabrían mecanismos de sometimiento a la justicia.
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Otro de los reparos está relacionado con el riesgo de que se otorgue libertad condicional a personas responsables de crímenes graves solo por haber cumplido cinco años de detención, sin que las autoridades evalúen el riesgo de fuga, reincidencia o el cumplimiento de aportes a verdad, justicia, reparación y no repetición.
Finalmente, la Defensoría recordó que la protesta es un derecho fundamental y que no debe equipararse con delitos asociados a la violencia armada o al crimen organizado. Por ello, recomendó que el tratamiento jurídico de las conductas relacionadas con el ejercicio de este derecho se tramite en un cuerpo normativo específico y garantista.
La entidad concluyó que el debate legislativo sobre la Paz Total es “un paso importante hacia la construcción de paz”, pero reiteró que la propuesta debe ser “profundamente revisada” para que cumpla con los estándares constitucionales, garantice los derechos de las víctimas y no genere incentivos que perpetúen la violencia.
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