Fiscalía inspeccionará instalaciones de la Defensoría del Pueblo
Buscan antecedentes de polémico contrato firmado en la administración de Carlos Camargo. Según el sindicato, el programa era usado para espiar a funcionarios críticos de Camargo.
Este 30 de julio, la Fiscalía General de la Nación ejecutará en las próximas horas una diligencia de inspección a las instalaciones de la Defensoría del Pueblo.
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El ente investigador busca los antecedentes de un polémico contrato por 2.500 millones de pesos firmado por el entonces defensor del Pueblo, Carlos Camargo, con un consorcio del que hacía parte un antiguo compañero de estudios suyos.
El beneficiario del contrato es el consorcio Adalid-Iacom 2021. Adalid es una compañía cuyo fundador es el abogado Andrés Guzmán Caballero, quien fue compañero de estudios de Carlos Camargo en la Universidad Sergio Arboleda.
El abogado Andrés Guzmán Caballero es un experto en seguridad, que hasta hace unos meses fue comisionado de derechos humanos del gobierno de Nayib Bukele, en El Salvador. El gobierno de Bukele no es conocido precisamente por su apego a los derechos humanos.
Además de este contrato de la Defensoría pagado con recursos de un crédito de 18 millones de dólares contraído con el Banco Interamericano de Desarrollo, Guzmán Caballero fue nombrado por Carlos Camargo en un alto cargo de la institución: La Defensoría delegada para los derechos en los entornos virtuales y la libertad de expresión.
El contrato cuestionado fue firmado en el año 2021 con el propósito de adquirir una plataforma de análisis forense. De acuerdo con la presentación pública del producto: “el software instalado en las estaciones de informática forense permite analizar interceptaciones telefónicas, videos o fotografías borrosas, recuperar información borrada de cualquier dispositivo (computador, celular, cámara, etc.), procesar información de un chat en WhatsApp, así como de cualquier red social o página web, analizar imágenes de cámaras de video de vigilancia y revisar cualquier tipo de dispositivo digital”
La revista Cambio investigó el tema y reveló en un artículo que “el Sindicato de defensoras y defensores de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo (Sindhep) asegura que el laboratorio viene siendo utilizado para espiar y analizar las comunicaciones de funcionarios –especialmente aquellos sindicalizados– que tienen reparos a la gestión del defensor Carlos Camargo Asís”.
En pocas palabras que la plataforma era usada para chuzadas dentro de la Defensoría y no solamente para las labores de investigación de los defensores públicos.
Camargo negó esto, pero existe un correo interno en donde la encargada del laboratorio forense de la Defensoría, Nancy Judith Albarracín, le ordena a una perita que tramite la consecución de una información requerida por José Palomino, de la Oficina de Control Interno Disciplinario.
La funcionaria Albarracín, también fue compañera de estudios del entonces Defensor Carlos Camargo en el Curso Integral de Defensa Nacional (Cidenal), un programa de la Escuela Superior de Guerra para coroneles y capitanes de navío próximos a ser ascendidos a generales o almirantes y en el que son aceptados algunos civiles.
La inspección a la Defensoría del Pueblo que se efectuará hoy a las 2:30 de la tarde, será encabezada por Adriana Angélica Ruíz, investigadora comisionada por la Fiscalía Séptima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
Curiosamente, la atenderá Nancy Judith Albarracín, la antigua compañera de estudios de Carlos Camargo, quien hoy aspira a que la Corte Suprema de Justicia lo incluya en la terna para magistrado de la Corte Constitucional.
Camargo ha sido cuestionado porque metió en la nómina de la Defensoría a familiares de al menos siete magistrados de la Corte Suprema de Justicia quienes serían algunos de sus nominadores, como lo denunció La Silla Vacía y porque –como se los contamos hace dos días– aparece mencionado por otro compañero de estudios suyos, el abogado Leonardo Pinilla, alias El Porcino, en una grabación de la DEA.
La grabación habla de los beneficiarios del Cartel de la Toga y fue prueba para extraditar a alias Porcino y al entonces zar anticorrupción de la Fiscalía Luis Gustavo Moreno.
El abogado Pinilla dice que no recuerda por qué mencionó a Carlos Camargo en esa conversación. Camargo tampoco lo sabe y dice que quizás tenga que ver con sus relaciones académicas con la Universidad Sergio Arboleda.
Para esa época Carlos Camargo era miembro del Consejo Nacional Electoral, donde declaró que la campaña de Óscar Iván Zuluaga no había recibido plata de Odebrecht. El tiempo se encargó de contradecirlo: Hoy Zuluaga es procesado por esos hechos que admitió después de que Daniel García Arizabaleta entregara grabaciones que lo demuestran.
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