Icbf defiende enfoque restaurativo tras sanción a menor implicado en asesinato de Miguel Uribe
El adolescente responsable del ataque que terminó con la vida del exsenador Miguel Uribe Turbay fue sancionado a siete años en un centro del ICBF, bajo una normativa de infancia vigente desde 2006 que prioriza la justicia restaurativa.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) confirmó que el adolescente implicado en el asesinato del exsenador Miguel Uribe Turbay cumplirá una sanción de siete años en un centro especializado, en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA).
La entidad informó que esta decisión se adopta en coordinación con la Fiscalía, la Procuraduría y la Policía, y que el proceso se enmarca en lo dispuesto por el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006), norma que establece que las sanciones para menores de edad deben ser de carácter pedagógico, diferenciado y orientado a la justicia restaurativa.
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De acuerdo con la ley, las medidas aplicadas a adolescentes en conflicto con la justicia no tienen un carácter retributivo como en el sistema de adultos, sino que buscan proteger, educar y restaurar, con el acompañamiento de la familia y equipos especializados.
El Icbf aseguró que sus operadores pedagógicos acompañarán al menor durante el cumplimiento de la sanción, con el fin de garantizar un proceso de atención integral y con respeto de los derechos humanos. Además, reiteró que familia, sociedad y Estado tienen la corresponsabilidad de prevenir la reincidencia y apoyar la reintegración social de los adolescentes sancionados.
El fallo judicial que sancionó al menor con siete años generó críticas desde distintos sectores políticos y sociales, que lo consideran insuficiente frente a la gravedad de los hechos. Desde el Centro Democrático se calificó la condena como “vergonzosa” y se pidió una revisión del marco legal vigente.
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El debate se centra en la vigencia del SRPA y la aplicación de una ley promulgada en 2006, cuando la realidad del país en materia de criminalidad juvenil era distinta. La discusión vuelve a poner sobre la mesa si Colombia debe reformar su legislación para endurecer las sanciones o si debe mantener el enfoque restaurativo que hoy rige los procesos con menores de edad.
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