Aclaración del DAPRE sobre contratista relacionado con marchas pro Palestina
El DAPRE responde a las acusaciones sobre un contratista que promueve movilizaciones pro Palestina, asegurando que sus actividades son personales y no institucionales.
Contexto de la polémica
La controversia surgió tras la denuncia del , quien afirmó que detrás de las movilizaciones pro Palestina que culminaron en hostigamientos, estaba Juan Camilo Villalobos, un contratista de la .
Respuesta del DAPRE
El DAPRE (Departamento Administrativo) aclaró que Villalobos presta sus servicios como contratista en la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
“De manera independiente, el ciudadano desarrolla actividades como activista y defensor de , e integra la delegación colombiana en tierra de la Flotilla Global Sumud, iniciativa de carácter humanitario que busca llevar ayuda al pueblo palestino”.
Actividades personales y funciones institucionales
El DAPRE enfatizó que:
- Las actividades personales del contratista son ajenas a las funciones institucionales.
- Su participación en iniciativas humanitarias no interfiere con el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
- La entidad rechaza cualquier forma de violencia o conducta contraria al orden público o al respeto por la vida.
Derechos constitucionales y disposición a colaborar
Asimismo, el DAPRE reconoció y respaldó el ejercicio legítimo de los derechos constitucionales a la libertad de pensamiento, expresión y manifestación pacífica, incluyendo el derecho a la protesta, siempre que se ejerza dentro del marco de la ley y con respeto por los principios democráticos y la convivencia ciudadana.
También se reiteró la disposición para atender cualquier requerimiento de las autoridades competentes o de los , relacionado con la ejecución del contrato de prestación de servicios de Juan Camilo Villalobos.
Compromiso del DAPRE
“El DAPRE reafirma su compromiso con la institucionalidad, la legalidad, la transparencia y, de manera especial, con la defensa y protección de los derechos humanos, principios que orientan el actuar de la administración pública y de sus colaboradores”.
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