La JEP solicita $121.000 millones para implementar sanciones
La Jurisdicción Especial para la Paz pide al Gobierno Nacional el giro de recursos para llevar a cabo las sentencias sancionatorias.
A finales de septiembre, la solicitó al Gobierno Nacional y al Congreso el para implementar las primeras dos sentencias sancionatorias emitidas recientemente.
Contexto de las sanciones
Dichas sentencias fueron impuestas contra el antiguo secretariado de las extintas Farc por secuestro y contra 12 militares del Batallón La Popa en Valledupar por falsos positivos.
Diálogos con el Ministerio de Hacienda
Ramelli aseguró que el tribunal de paz ha mantenido diálogos con el Ministerio de Hacienda, el cual indicó que inicialmente se girarían 20.000 millones de pesos, aunque estos aún están en trámite. Posteriormente, se girarían 30.000 millones de pesos, pero no se ha garantizado más.
“Nosotros advertimos que hay fallos cuyos proyectos se acercan a las cifras ya mencionadas. Son iniciativas que duran entre cinco y ocho años, entonces son demoradas en el tiempo, pero no hemos recibido ningún tipo de respuesta”, expresó Ramelli.
Requerimientos de la JEP al Gobierno Nacional
El tribunal destacó que, aunque el Ministerio de Hacienda ya destinó $20.000 millones de pesos para financiar la implementación de los proyectos de reparación y restauración de las víctimas, estos recursos no son suficientes.
“Depende constitucional y legalmente de la asignación y efectiva disposición de recursos financieros por parte del Gobierno Nacional”, señala el comunicado de la JEP.
Costos de las sentencias
Según la JEP, la de las Farc cuesta alrededor de 35.762 millones de pesos, distribuidos de la siguiente manera:
- Medio Ambiente, Naturaleza y Territorio: $13.634 millones.
- Huellas por la memoria. Macrocaso 01: $10.587 millones.
- Acción Integral Contra Minas (AICMA): $5.829 millones.
- Búsqueda de personas dadas por desaparecidas: $5.712 millones.
En cuanto a la sentencia contra 12 militares del Batallón La Popa, el monto requerido para financiar dicha sanción es de 86.000 millones de pesos.
Decreto pendiente del Ministerio de Justicia
Por último, la JEP indicó que el Ministerio de Justicia aún no ha tramitado un decreto clave sobre condiciones de seguridad y protección para el desarrollo de las sanciones.
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