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Por incumplimiento del Gobierno, autoridades en Cundinamarca toman medidas para atender emergencias

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey dispuso maquinaria para intervenir de manera urgente en la zona y reducir el riesgo para las comunidades de los municipios de Guayabetal y Quetame.

Por incumplimiento del Gobierno, autoridades en Cundinamarca toman medidas para atender emergencias

A dos años de la tragedia provocada por las lluvias en el municipio de en Cundinamarca, el Gobierno no ha cumplido con las obras prometidas. Ante el riesgo de una nueva emergencia, el gobernador, Jorge Emilio Rey, asumió la intervención directa.

    A pesar de que el Plan de Acción Específico (PAE) de 2023 asignó a entidades nacionales como la ANI, Corporinoquia y la la responsabilidad de remover los escombros que obstruyen el cauce del río Rionegro, a la fecha no se ha cumplido con dicho compromiso. Esta omisión mantiene activo el riesgo de una nueva avalancha, similar a la ocurrida el 17 de julio de 2023, que dejó 30 personas fallecidas y afectó gravemente la vía al Llano.

    El represamiento del río persiste en el punto donde desemboca la quebrada Estaqueca la cual cruza un tramo cercano a la vía al Llano, una situación que podría agravarse con las lluvias previstas entre hoy y el miércoles 23 de julio. Frente a la inacción del , el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey dispuso maquinaria para intervenir de manera urgente en la zona y reducir el riesgo para las comunidades de los municipios de Guayabetal y Quetame.

    Las labores que asume el gobierno departamental incluyen el dragado de la quebrada para permitir el flujo del agua, la construcción de un jarillón para evitar desbordamientos y la evacuación del material represado. Aunque estas acciones buscan mitigar el peligro inmediato, las locales insisten en que no suplen las responsabilidades estructurales que aún deben cumplir las entidades nacionales.

    Finalmente, el gobernador hizo un llamado urgente al cumplimiento del acordado en 2023. Señaló que la ausencia de intervención por parte del Gobierno pone en riesgo a miles de personas y evidencia una falla grave en la gestión del riesgo en el corredor vial más importante del centro del país.

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