¿Qué tanta influencia tendrán las encuestas en las elecciones de 2026?
La ley 2494 de 2025 se encuentra en proceso legislativo en la Corte Constitucional. Durante el Festival de Las Ideas presentado por Prisa Media, las firmas encuestadoras dan su posición.
En el panel “El valor de las encuestas ¿Qué reglas necesitan que tanto retratan y que tanto influyen en la realidad electoral?”, la conversación giró en torno a la reciente ley 2494 de 2025, La norma genera controversia en la opinión pública, en el sector político y especialmente entre las firmas encuestadoras de la nación.
Desde el inicio del panel se evidenció un punto en común: a juicio de quienes las elaboran, las encuestas son una herramienta clave para la democracia. César Valderrama, director general de Datexco, reconoció que, si bien “aplaudimos que se regule y diseñe un marco que sea garantista para todos, no consultaron a las agencias; la forma no era la correcta”.
En la misma línea, Martín Orozco, director de Invamer, advirtió que la ley “nos deja en la incertidumbre” y recordó que “la única información que está obligada a divulgar una ficha técnica es una encuesta, pero como periodista o como influencer nadie le está diciendo de dónde sacó la información”.
Pablo Lemoine, presidente del Centro Nacional de Consultoría, fue más crítico y declaró que: “Restringir la voz de los ciudadanos es dañino para la democracia. Cuando uno mira los retos democráticos, esta ley no ayuda”.
En una línea más moderada, César Caballero, director de Cifras y Conceptos, comentó: pero esta salió mal. Hay cosas buenas como el concepto de trazabilidad, pero en general quedó mal hecha”.
En Colombia, entre el 25% y el 30% de la población no tiene un smartphone, lo que limita la fiabilidad de encuestas realizadas solo en línea. | Foto: Caracol Radio
Aunque uno de los temas más polémicos fue el proceso legal que dio origen a la norma, todos los panelistas coincidieron en que la ley, que impone mayores requisitos técnicos y sanciones, , por afectar derechos fundamentales como la libertad de expresión, la información y la participación política.
Al respecto, el director de Invamer explicó: “Son tantas las cosas institucionales contra las que atenta la ley que fue necesario presentar tres demandas”, subrayando que la decisión final está ahora en manos de la Corte Constitucional.
En contraste, el exsenador Rodrigo Lara, promotor de la iniciativa, defendió el trámite, señalando que “la ley es en un 80% la misma que presentamos hace unos años”, aclarando que desde su creación fue pensada como ley ordinaria.
“Quedó así por una razón práctica, porque coincidía con la discusión de la reforma política; por eso se incorporó al código electoral y nunca fue concebida como estatutaria”, añadió. Lara agregó que el objetivo de la ley es “separar las encuestas de los sondeos y garantizar que las publicadas tengan un margen de error real del 3%”.
La Ley 2494 de 2025 introdujo la obligación de divulgar encuestas hasta tres meses antes del plazo de inscripciones, lo que limita la información en etapas clave del calendario electoral. | Foto: Caracol Radio
¿Cuáles son los retos de la Ley de Regulación de Encuestas Electorales?
Otro aspecto discutido fue el impacto práctico. Los panelistas señalaron que las exigencias sobre tamaños de muestra encarecen los estudios y que las facultades otorgadas a auditores para invalidar encuestas generan inseguridad jurídica.
César Valderrama criticó que la norma convierte la práctica en un “campo minado”, pues “si un auditor decide que la encuesta está mal formulada, tiene el poder de descartarla, incluso si se siguieron todos los requisitos técnicos”. Para el director general de Datexco, y las encuestas privadas, para Valderrama esto genera mayor desigualdad informativa.
Dentro del debate se logró acordar que las encuestas son un pilar democrático y que requieren regulación, pero realizada de la mano de los expertos, en donde, si el proceso legal llega a fallar a favor de las firmas, la ley podría caerse parcialmente. De lo contrario, continuará una controversia sobre sus límites y alcances.
Como resumió Orozco: “Esta lucha no es por las empresas encuestadoras, es por la ciudadanía; lo que está en juego es el derecho a estar informados en democracia”. Allí el reto está en encontrar un marco legal que garantice la transparencia y confianza del mecanismo de recolección de información.
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