El vergonzoso entramado de corrupción que destapó el preacuerdo del general Jorge Salgado
En el documento en el que la Corte Suprema aprobó la negociación entre la Fiscalía y el general, se expusieron nombres de altos oficiales como dos coroneles que habrían participado de los hechos, sin mayores noticias sobre su enjuiciamiento.
La Corte Suprema de Justicia aprobó en las últimas horas el preacuerdo al que llegaron la Fiscalía y el general Jorge Arturo Salgado por corrupción en la contratación de la Séptima División del Ejército.
En el documento de 45 páginas en el que la Sala de Primera Instancia analizó el caso, se expuso cómo se produjo el entramado de coimas -en tiquetes restaurantes, entre otros- en favor del general -uno de los más altos oficiales del Ejército- y aparentemente con la participación de otros oficiales no procesados.
Allí, se expone que el general Salgado Romero como comandante de la Séptima División del Ejército en Antioquia intervino directamente en los procesos contractuales entre 2015 y 2017 orientando y direccionando los contratos en favor de dos empresas Distrilogística S.A.S. e Ingecodi S.A.S., contratos para cafetería y para construcción de obras en el Batallón 4.
Aunque de acuerdo con la investigación el cerebro de la corrupción y directo beneficiado fue el general Jorge Arturo Salgado Restrepo, según las pesquisas habría tenido intermediarios para ordenar favorecer a estas empresas. Uno de ellos el coronel Harold Felipe Páez, comandante del Batallón 4 Yariguíes, el cual confesó que por medio del mayor José William González Lozano y un teniente de apellido Quijano recibía “instrucciones de superiores” para favorecer a las empresas beneficiadas con las obras en su batallón. Así se entregaron 14 contratos.
Conforme encontró la justicia, las licitaciones se amañaban dándoles a los proveedores las condiciones de los pliegos para que los conocieran previamente, y se formulaban a su medida. Los dueños de estas empresas eran Samir García y Viviana González, quienes previamente acordaban con integrantes del Batallón 4 las condiciones para quedarse fraudulentamente con los contratos.
"Cuando se desarrollaba eso normalmente participaba el mayor González o el teniente Quijano, ellos hacen parte de la división solicitando que se les colaborara para que X o Y proveedor, en este caso Distrilogística se le pudiera adjudicar algún contrato. El argumento siempre era el mismo, suplir una necesidad que tenía esa unidad" dijo en su declaración el coronel Páez.
Aquí aparece el nombre de otro coronel del Ejército, de quien no aparece en fuentes públicas ningún avance en investigaciones en su contra por parte de la Fiscalía por su señalada relación con este entramado de amarre de contratos a cambio de prebendas: el coronel Gabriel Fernando Marín Peñaloza, quien era el jefe de Estado Mayor de la División.
Según el interrogatorio tomado a Samir Fernando García este acordó con el coronel Marín Peñaloza “atender requerimientos especiales” de la Séptima División a cambio de la adjudicación de contratos que permitieran pagar, con recursos públicos, las “deudas adquiridas” por el general Salgado y sus agasajos.
Además del testimonio de este contratista, también aparece en contra del coronel Marín Peñaloza el del sargento Luis Quijano, uno de los que se reunía con el contratista García Buitrago para torcer las licitaciones. En su declaración, conforme indicó la Corte Suprema, señaló conocer en 2016 al coronel Marín Peñaloza, el cual era uno de los funcionarios de confianza del hoy procesado general Jorge Arturo Salgado, quien le indicó que cuando se requirieran “pasajes” o “cosas de emergencia” se “entendiera” con el contratista beneficiado.
Así, desde el seno de la División por medio del coronel Marín Peñaloza, el mayor -hoy coronel- José William González Lozano (sin información pública sobre su juzgamiento), el coronel Jorge Adrián Pilonieta (tampoco procesado y actualmente libre) y el sargento Quijano (confeso participante), según la Corte, se torcía la contratación para beneficiar al comandante: Jorge Arturo Salgado Restrepo.
“Tal como lo reveló en su interrogatorio el teniente coronel Páez Roa, fueron el mayor José William González, el capitán Jorge Adrián Pilonieta y el sargento segundo Luis Guillermo Quijano, los encargados de comunicarle la instrucción de adjudicar los contratos a Distrilogística, lo cual quedó plasmado en las adjudicaciones” señaló la Sala.
En el caso de la empresa Ingecodi S.A.S. representada por la ingeniera Viviana González, el modus operandi fue el mismo. Allí, el coronel Páez indicó que la orden de Salgado era entregarle los contratos de reparación y mantenimiento en el Batallón 4 a esta compañía. De hecho, el mismo coronel Páez afirmó que el coronel Gabriel Fernando Marín Peñaloza le transmitió la instrucción de Salgado para que los contratos le fueran entregados a la ingeniera como efectivamente se cumplió y se le entregaron.
“Salgado dio las órdenes iniciales, autorizó la manipulación de los procesos contractuales y permitió la satisfacción de sus intereses privados a costa del erario, pues los bienes y servicios que fueron destinados a su favor y de sus familiares se cubrieron con cargo a la Séptima División” sentenció la Corte Suprema.
Y en el caso del incógnito coronel Gabriel Fernando Marín Peñaloza, se le calificó como quien aseguraba la dirección del pacto “ilícito”, mientras los oficiales y suboficiales transmitían y ejecutaban las instrucciones, y el coronel Páez “adecuaba la discreción de los contratistas, los pliegos y las adjudicaciones”.
El general Salgado Romero disfrutó de jugosos regalos a cambio de manipular la contratación. En poder de la Corte Suprema terminaron penosas evidencias sobre el pago de tiquetes aéreos, gastos en restaurantes, la compra incluso de un reloj. Salgado incluso les hacía pagarle el celular y la televisión de su casa, una finca para sus vacaciones, entradas para conciertos de la feria de las flores, entre otras exigencias a los contratistas.
En conclusión, según la Corte, en este vergonzoso entramado de corrupción, el general recibía beneficios y pagaba con contratos del tesoro de las Fuerzas Militares. Ahora vendrá la sentencia.
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