Ley de Jurisdicción Agraria pasa a sanción presidencial; Corte la aprobó en su mayoría
El alto tribunal tumbó dos artículos y puso condiciones a otros dos. El texto ya fue enviado al presidente Gustavo Petro para su sanción.
La Corte Constitucional aprobó la mayoría de artículos de la Ley Estatutaria de Jurisdicción Agraria y Rural, una norma promovida por el Gobierno Nacional para fortalecer la justicia en el campo. Sin embargo, tumbó dos artículos y puso condiciones a otros dos. El texto ya fue enviado al presidente Gustavo Petro para su sanción.
El alto tribunal revisó la ley como parte de su control automático de constitucionalidad, es decir, el análisis que hace antes de que una norma de este tipo pueda entrar en vigencia. Según la Corte, el Congreso respetó los pasos necesarios durante el debate: el proyecto fue presentado correctamente, discutido en el orden debido y aprobado con las mayorías que exige la Constitución.
Aun así, la Corte encontró que los artículos 4 y 5 no guardaban relación con el tema principal de la ley, que es crear y organizar la jurisdicción agraria y rural. Estos artículos hablaban de cambios en la Corte Suprema y el Consejo de Estado, por lo que fueron eliminados por violar el principio de unidad de materia.
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Sobre el artículo 3, el tribunal aclaró que es constitucional siempre que se entienda que modifica el artículo 12 de la Ley 270 de 1996, actualizado en 2024. En cuanto al artículo 8, que regula los concursos para elegir jueces y magistrados, la Corte dijo que estos deberán incluir temas sobre derechos fundamentales del campesinado, enfoques de género y territorio, así como asegurar igualdad de oportunidades para mujeres, comunidades campesinas, grupos étnicos y víctimas del conflicto armado.
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Los artículos 1, 2, 6, 7, 9, 10 y 12 fueron declarados plenamente constitucionales. Con ello, se da un paso clave para poner en marcha una jurisdicción especializada que atenderá conflictos de tierras y temas relacionados con el campo, facilitando el acceso a la justicia en zonas rurales.
La sentencia fue presentada por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar. Ahora, el presidente Petro deberá firmar la ley para que entre en vigor y comience a aplicarse en todo el país.
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