Procurador respalda reforma pensional y le dice a la Corte que la Cámara corrigió vicios de trámite

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, en un concepto de 15 páginas, respaldó el proceso de subsanación de la reforma pensional adelantado por la Cámara de Representantes luego de que la Corte Constitucional encontrara vicios de trámite en la deliberación del proyecto de ley.

En el documento enviado al magistrado Jorge Ibáñez, en primer orden el procurador Gregorio Eljach respaldó que se haya adelantado el procedimiento en la Cámara basándose en el comunicado expedido por la Corte, indicando que, en su criterio, aunque el comunicado tiene unos fines informativos, también explica en detalle la parte resolutiva de la decisión por lo cual, desde el día en que se anunciaron los vicios de trámite, los efectos de la decisión comenzaron a operar, sin importar que el Auto 841 (el que contenía la decisión total) aún no estuviese listo.

“De hecho, es así como la Corte busca proteger los principios de legalidad y seguridad jurídica. Sobre esta base, al referirse a los comunicados de prensa, esta misma Corporación haya dejado claro que las decisiones que adopte la Corte en ejercicio del control de constitucionalidad tienen efectos a partir del momento que se adoptan” resaltó Eljach.

Asimismo, sentenció que el comunicado fue notificado directamente por la secretaria general de la Corte, a cada una de las partes e intervinientes, dando a conocer el sentido de la decisión, por ende, no hay irregularidad en la notificación tampoco. En consecuencia, el ente de control en su concepto también halló ajustado a legalidad el decreto que convocó las sesiones extraordinarias.

“La Corte Constitucional ha sido clara en señalar que las decisiones de la Sala Plena cobran efectos en el momento en el que se adoptan. En esa medida, es irrelevante el medio a través del cual el Gobierno nacional tuvo conocimiento de la decisión, en el entendido que, para los fines prácticos, tanto el comunicado de prensa, como la notificación realizada por la Secretaría General de la Corte cumplían fines informativos y procesales, pero la decisión de la Corte ya había empezado a tener efectos”, determinó el jefe del ente de control.

Asimismo, el procurador Eljach, en análisis del proceso llevado a cabo en las sesiones extraordinarias de la Cámara de Representantes, señaló que la citación llevada a cabo por el presidente Jaime Luis Lacouture estuvo ajustada a derecho y a pesar de la premura “no hubo un impacto que afectara los derechos de los parlamentarios, ni tampoco la calidad del trámite legislativo”.

Ya en materia del debate, la Procuraduría respaldó la interpretación de lo ordenado en el sentido de retomar el segundo debate de la reforma en el punto en que se discutía la proposición que pedía adoptar el texto que venía desde el Senado, deliberarla, y definir, tal como ocurrió. Para el Ministerio Público, tanto en las sesiones del 27 como del 28 de junio se llevó una discusión amplia, pausada y suficiente.

“Así mismo, tampoco podía considerar proposiciones que versaran sobre el texto del proyecto de ley anterior, puesto que, con la aprobación de la proposición del Pacto Histórico, la proposición anterior había desaparecido. En consecuencia, no era viable tramitar proposiciones relativas al texto anterior” se lee en el documento.

Adicionalmente, la Procuraduría General de la Nación también respaldó la reforma pensional desde el ámbito fiscal, concluyendo que el concepto del Ministerio de Hacienda la avala.

En una conclusión tajante, el ente de control le pidió a la Corte Constitucional “tener presente” que la reforma pensional representa un avance y esperanza para millones de colombianos en “precariedad laboral”.

Así concluyó: “El Congreso de la República, en medio de considerables dificultades y un ambiente político caldeado, logró durante los años 2023 y 2024 aprobar una reforma pensional que, aunque no perfecta, representa un avance significativo. Esto se reafirmó con el trámite surtido en los días 27 y 28 de junio de 2025, que demuestra el compromiso institucional con la corrección de los vicios advertidos y con la construcción de un sistema más justo y sostenible”.

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