Arrancó socialización de la ley de competencias: así se redefinirán las obligaciones de las regiones
El proyecto de ley busca fortalecer la autonomía territorial y la descentralización. Es necesaria para implementar la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), que aumentó las transferencias para las regiones.
El Gobierno ya puso en socialización el , que será la norma que aterrice la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) que se aprobó en 2023, y que incrementará gradualmente las transferencias a departamentos y municipios.
Y es que, mientras la reforma al SGP aumentó los recursos para las regiones, este proyecto busca definir las nuevas responsabilidades que van a adquirir las entidades territoriales y cómo se distribuirán las competencias, por sectores como educación, salud, servicios y otros.
La W accedió el anteproyecto, que cuenta con 176 páginas y 201 artículos, en el que se categoriza a las entidades territoriales y se definen, tanto las competencias generales de la Nación, de los departamentos, distritos, municipios y hasta territorios indígenas.
Ahora, entre los puntos más importantes, el artículo define cómo se distribuirán las transferencias de la nación, en el que se define:
- Un 58.5% corresponderá a la participación para educación;
- Un 24.5% a salud;
- Un 5.4% corresponderá a agua y saneamiento básico;
- Un 11.6% corresponderá a la participación para otros proyectos en distintos sectores, según las prioridades.
La distribución según sectores
El proyecto señala, por ejemplo, que en materia de salud, el 90% se destinará a la operación de los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), que busca crear el Gobierno como puerta de entrada al sistema de salud. Mientras tanto, un 10% se asignará a salud pública.
En lo que tiene que ver con educación, el proyecto plantea que los recursos del SGP se usen para garantizar el servicio a la educación y a financiar “tres años de escolaridad de la educación preescolar, nueve de básica, dos años de media, los programas alfabetización, ciclos de educación de jóvenes y adultos, y podrán concurrir a dos años de educación superior en establecimientos educativos oficiales, incluyendo las escuelas normales superiores”, dice.
De otro lado, la destinación para el sector de agua potable y saneamiento básico será del 85% de los recursos, que van directamente a los distritos y municipios; y el 15% se asigna a los departamentos, también con criterios específicos. Y, finalmente, señala que los recursos que lleguen a Bogotá se deberán destinar exclusivamente para limpiar el río Bogotá.
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