Corte Suprema entra en recta final en investigación contra congresistas del caso UNGRD
La Sala de Instrucción entrará a resolver muy pronto quiénes de los congresistas irán a juicio por el escándalo de la Comisión de Crédito Público.
W Fin de Semana conoció en primicia que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ha cerrado formalmente la fase probatoria dentro del caso contra los seis congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
La Sala de Instrucción, con ponencia del magistrado Misael Rodríguez, determinó dar cierre a la fase investigativa al considerar que cuenta con todas las pruebas y evidencias necesarias, en una robusta investigación, para tomar una decisión sobre cuáles congresistas irán o no a juicio por el escándalo de presunta presión de contratos a cambio de votos para los créditos que requería el gobierno en 2023.
La magistratura determinó así, que desde momento en adelante entrará a calificar el sumario de lo encontrado, para emitir su decisión de llamado a juicio. El cierre de la fase probatoria admite recurso de reposición, al que podrían acudir algunas de las partes que quieran insistir en la práctica de alguna prueba.
El despacho del magistrado Misael Rodríguez avanza en la construcción de la decisión, con miras a seleccionar y proponer a la Sala, conforme la evidencia recaudada, qué congresistas considera que deberían ser llamados a juicio.
Cabe recordar que los senadores y representantes a la Cámara que son investigados por este escándalo son: Wadith Manzur, Karen Manrique, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo, Liliana Bitar y Juan Diego Muñoz.
Conforme las declaraciones de testigos como María Alejandra Benavides, Olmedo López y Sneyder Pinilla, así como los chats expuestos por Benavides entregados a la Corte, se evidenciaría una presunta presión indebida de los congresistas al gobierno para sesionar y votar los proyectos de deuda que requería el legislativo en 2023.
Allí, de acuerdo con la evidencia con la que cuenta la Corte y sus conclusiones al resolver la situación jurídica, los congresistas habrían presionado indebidamente usando como contraprestación la asignación de contratos en la UNGRD a cambio de asistir y no “boicotear” la Comisión.
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