Doble relato de las Farc sobre menores en sus filas: se arrepiente en público y lo matiza en la JEP
Los excomandantes de las Farc reconocieron el reclutamiento de menores en un comunicado público lleno de arrepentimiento, pero en su respuesta oficial ante la JEP introdujeron matices jurídicos que diluyen la responsabilidad directa y cuestionan el relato de las víctimas.
El 7 de julio de 2025, los antiguos jefes del último Secretariado de las Farc-EP publicaron un comunicado titulado “El último Secretariado reconoce el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes”, en el que reconocieron “con profundo dolor” que el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes fue un hecho “injustificable”.
Ese mismo día, radicaron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) un documento de cerca de 200 páginas como respuesta oficial al Auto 005 del Caso 07, que los imputa por crímenes de guerra derivados de esa práctica.
El contraste entre ambos textos revela dos relatos diferentes: uno dirigido a la opinión pública, cargado de lenguaje emotivo, y otro técnico, defensivo y lleno de matices que relativizan la responsabilidad.
En el comunicado, los excomandantes hablan de “una herida colectiva” y del sufrimiento causado, sin reservas. Aceptan que el reclutamiento de menores ocurrió en medio de un conflicto enmarcado en el abandono estatal, pero aseguran que eso no justifica los hechos.
Es una declaración que aparenta ser una asunción de culpa sin ambigüedades. Sin embargo, el documento jurídico entregado a la JEP introduce una línea argumentativa distinta.
Allí, los comparecientes no niegan que hubo menores de edad en las filas, pero afirman que se trató de una práctica “de facto” y no de una “política de jure”. En otras palabras, no habría existido una orden institucionalizada de reclutar menores, sino casos aislados o producto de fallas de control.
Alegan además que la Sala de Reconocimiento de la JEP omitió analizar adecuadamente el contexto territorial y social, y que muchos de esos hechos ocurrieron por la ausencia del Estado en las regiones.
El uso de la figura jurídica de “responsabilidad de mando” permite a los ex-Farc presentarse como responsables por omisión —por no haber evitado los hechos cometidos por sus subordinados— y no como autores directos.
La distinción es crucial: mientras el comunicado da a entender una culpabilidad integral, la respuesta oficial reduce esa carga a fallas administrativas o desbordes no controlados.
La JEP, por su parte, sostiene que el reclutamiento fue sistemático y generalizado, con más de 18.000 víctimas identificadas entre 1996 y 2016. Según la Sala, estos hechos no pueden entenderse como excepciones o errores aislados.
El Informe Final de la Comisión de la Verdad y estudios del Centro Nacional de Memoria Histórica también han documentado que el ingreso de menores a las filas guerrilleras respondió a una política sostenida de expansión militar, que incluyó incluso a niños y niñas menores de 15 años, en abierta violación del Derecho Internacional Humanitario.
El documento entregado por las Farc a la JEP no solo introduce reservas sobre la naturaleza de esa política, sino que además cuestiona la figura de “coautoría mediata” usada por la Sala, y critica la metodología con la que se construyeron los patrones criminales en el Auto 005.
Esto representa una defensa técnica que, aunque legítima, contrasta con la narrativa de total reconocimiento expresada ante el público.
Desde una perspectiva de justicia transicional, esta diferencia de tonos —uno emocional, otro argumentativo— plantea dudas sobre la autenticidad del aporte a la verdad. ¿Reconocen los hechos por convicción o para cumplir formalmente con los requisitos del proceso judicial? ¿La verdad que ofrecen ante el país es la misma que defienden en sede judicial?.
El contraste también deja preguntas abiertas para las víctimas: si públicamente las Farc hablan de arrepentimiento y compromiso con la no repetición, ¿por qué ante la justicia disputan aspectos tan centrales como la existencia de una política organizada o la sistematicidad de los hechos?.
En suma, el doble relato de las Farc evidencia una estrategia de dos niveles: ofrecer una narrativa reconciliadora hacia la opinión pública, y al mismo tiempo protegerse jurídicamente ante la JEP.
Publicar un comentario