Bogotá, mayo de 2025 Aunque la Sentencia T-248 de 2024 de la Corte Constitucional fue celebrada por garantizar los derechos del pueblo indígena Pirá Paraná frente a un proyecto REDD+, su interpretación se ha distorsionado en distintos escenarios legales. Así lo advierten expertos en derecho constitucional, penal y ambiental, quienes denuncian que el fallo se está utilizando para frenar sistemáticamente proyectos ambientales, incluso cuando cuentan con aval de las comunidades y cumplen con los requisitos legales vigentes.
“El problema no es la sentencia, sino su distorsión. Se ha convertido en un arma para bloquear cualquier intervención en territorios colectivos, sin análisis de contexto ni verificación jurídica”, afirma el abogado penalista y constitucionalista Ricardo Andrés Giraldo Cifuentes, uno de los juristas más reconocidos del país. Giraldo ha sido conjuez de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, es magíster en Derecho Procesal Penal, doctorando en Derecho y ha asesorado procesos complejos de consulta previa y justicia ambiental en Colombia, Ecuador y México.
Entre los usos considerados abusivos de la sentencia se encuentran:
La paralización arbitraria de proyectos REDD+ basándose únicamente en la presencia de comunidades indígenas, sin verificar si hubo consulta válida.
El rechazo absoluto a intervenciones sostenibles, incluso aquellas aprobadas por las propias comunidades.
La aplicación mecánica del precedente sin analizar las particularidades socioculturales de cada proceso.
El uso instrumental del derecho de petición con fines de competencia económica más que de protección de derechos fundamentales.
La invocación indebida de universidades o instituciones para legitimar acciones legales sin fundamento sólido.
Giraldo y otros expertos coinciden en que lo que está ocurriendo puede configurar abuso del derecho, una figura jurídica que se presenta cuando se instrumentaliza la ley para obtener ventajas indebidas. En este caso, se estaría usando el precedente judicial para bloquear procesos legítimos de conservación, mitigación climática o desarrollo sostenible que cuentan con el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas.
“Es importante subrayar que la Corte Constitucional no prohibió los proyectos REDD+, sino que estableció garantías mínimas para su implementación. Aplicar el fallo como si fuera una prohibición generalizada no solo es un error jurídico, sino un obstáculo al desarrollo sostenible y una amenaza a la seguridad jurídica”, concluyó Giraldo.
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