Fiscalía imputó cargos a la vicepresidenta jurídica de la Fiduprevisora, Milagros Sarmiento
La funcionaria está siendo investigada por las presuntas irregularidades en un contrato para la adquisición de 200 cascos en fibra de vidrio en la época en la que laboró en la Gobernación del Atlántico.
W Radio conoció en primicia que la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos a la actual vicepresidencia jurídica de la Fiduprevisora, Milagros del Carmen Sarmiento Ortiz, por su presunta participación en los hechos, al parecer irregulares, con los que se concretó el contrato, suscrito entre la Gobernación del Atlántico y Fudesa (Fundación para el Desarrollo Sostenible en el Caribe colombiano).
Dicho contrato tenía por objeto la adquisición o suministro de 200 cascos de fibra de vidrio para la pesca artesanal en aguas lacustres (agua dulce, estancada o de movimiento lento) en el departamento.
El valor del contrato fue de 1.000 millones de pesos. Según la investigación de la Fiscalía, Sarmiento Ortiz, quien en esa época ocupaba el cargo de secretaria de Desarrollo de la Gobernación del Atlántico, al parecer intervino en el direccionamiento y ajuste de la contratación en favor del contratista, el cual no cumplía con los requisitos de experiencia, calidad técnica y precio.
El ente acusador también advierte que la exfuncionaria de la gobernación habría desconocido otras ofertas que sí contaban con la capacidad técnica para la elaboración de los casos.
Por estos hechos, un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra la Corrupción le imputó cargos no solo a Milagros del Carmen Sarmiento Ortiz, sino también a Martin Atencio García, exsubsecretario de Gestión Agropecuaria del Atlántico, y Julio Cesar Altamar, representante legal de Fudesa, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y falsedad material de documento privado.
La exfuncionaria de la gobernación del Atlántico se declaró inocente de los cargos imputados.
Sarmiento Ortiz, a través de su abogada, solicitó que el proceso sea enviado a la Seccional Atlántico a la Unidad de Administración Pública y no sea conocido por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción.
Según se conoció desde hace 10 años, la Fiscalía ha intentado imputarla, pero se han presentado múltiples aplazamientos por cambios de abogados, incapacidades médicas e inasistencia de las partes.
Publicar un comentario