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Gobierno y CNEB acuerdan plan piloto para sustituir 15.000 hectáreas de coca en Nariño y Putumayo

El Gobierno Nacional y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano firmaron un acuerdo para iniciar la transición hacia economías lícitas mediante la sustitución de cultivos ilícitos en los departamentos de Nariño y Putumayo, con inversiones que superan los 28.000 millones de pesos.

Gobierno y CNEB acuerdan plan piloto para sustituir 15.000 hectáreas de coca en Nariño y Putumayo

El Gobierno colombiano y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), disidencias de las Segunda Marquetalia, firmaron el Acuerdo No. 11 en el marco de la Mesa de Diálogos de Paz. El pacto contempla el desarrollo de un programa de sustitución de cultivos de hoja de coca bajo el nombre ‘Renacemos por la paz y las transformaciones territoriales de Nariño y Putumayo’.

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El plan, que iniciará el 7 de julio, prevé sustituir 15.000 hectáreas de cultivos ilícitos, de las cuales 7.500 serán en Tumaco y Roberto Payán. En paralelo, se implementarán proyectos productivos de cacao en 1.000 hectáreas, con una inversión de 8.000 millones de pesos, y un proyecto ambiental complementario por valor de hasta 21.000 millones de pesos, gestionado con el Ministerio de Ambiente.

La ejecución se realizará en modalidad colectiva, en fases que incluyen la definición de polígonos, censo poblacional y acuerdos con las comunidades. Entre el 7 de julio y el 7 de agosto se llevarán a cabo actividades de georreferenciación en zonas como Patía Viejo, Progreso, Catanguero y La Ensenada. También se recopilará información sobre la presencia de minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados.

El acuerdo establece que la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos (DSCI) liderará la implementación, con participación de autoridades locales y comunidades. Además, contempla una ruta para la reincorporación de integrantes de la CNEB mediante zonas de capacitación integral.

El documento fue firmado por los jefes negociadores Armando Novoa, por el Gobierno, y Walter Mendoza, por la CNEB, así como por delegados de ambas partes y representantes de las comunidades como testigos.

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