Judicial

JEP urge por el giro de $121.000 millones para implementar las dos primeras sanciones

Según el tribunal de paz, se requieren más de $35.000 millones para financiar las sanciones a los ex Farc y $89.000 millones para las condenas de los 12 militares.

JEP urge por el giro de $121.000 millones para implementar las dos primeras sanciones

La solicitó al Gobierno Nacional y al Congreso de la República el giro de $121.000 millones de pesos para la implementación de las primeras dos sentencias sancionatorias emitidas en días pasados.

  • En contexto:

Dichas sentencias fueron impuestas contra el antiguo secretariado de las extintas Farc por secuestro y contra 12 militares del Batallón La Popa en Valledupar por falsos positivos.

El tribunal aseguró que, aunque el Ministerio de Hacienda ya destinó $20.000 millones de pesos para financiar la implementación de los proyectos de reparación y restauración de las víctimas, derivados de estos fallos, estos recursos no son suficientes para cubrir con los gastos necesarios para este fin.

  • Lea también:

“Depende constitucional y legalmente de la asignación y efectiva disposición de recursos financieros por parte del Gobierno Nacional por medio de los correspondientes rubros específicos incorporados en el Presupuesto General de la Nación”, señala el comunicado de la JEP al Gobierno y al Congreso.

De acuerdo con la JEP, la de las desaparecidas Farc cuesta alrededor de 35.762 millones de pesos, distribuidos así:

  • Medio Ambiente, Naturaleza y Territorio por $13.634 millones.
  • Huellas por la memoria. Macrocaso 01 $10.587 millones.
  • Acción Integral Contra Minas (AICMA) $5.829 millones.
  • Búsqueda de personas dadas por desaparecidas $5.712 millones.

Frente a la sentencia contra 12 militares del Batallón la Popa en Valledupar por falsos positivos, el monto para financiar dicha sanción es de 86.000 millones de pesos, según señaló la Jurisdicción Especial para la Paz.

Finalmente, el tribunal de paz aseguró que el Ministerio de Justicia aún no ha tramitado un decreto clave sobre condiciones de seguridad y protección para el desarrollo de las sanciones.

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