Procuraduría dice que no hubo irregularidades en nombramiento de primo de Edwin Palma en Air-e
La notificación se la hizo la Procuraduría al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios (e) Felipe Durán y al actual agente especial de Air-e, Nelson Javier Vásquez.
Laconcluyó que el nombramiento de Juan Pablo Nieto, primo del ministro de Minas, Edwin Palma, en la gerencia contable de la empresa de energía Air-e, se ajustó a las normas y no constituye falta disciplinaria.
El organismo de control cerró la actuación preventiva que había iniciado para examinar posibles conflictos de interés y eventuales irregularidades. En su decisión señaló que “no se evidencian elementos fácticos o jurídicos que permitan inferir la configuración de una falta disciplinaria” y, por lo tanto, no hay lugar a abrir una indagación previa.
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En el documento, la Procuraduría explicó que si bien se constató un parentesco en cuarto grado de consanguinidad entre directivos de la empresa, “esta situación no configura inhabilidad conforme a la ‘Política de Conflicto de Interés’ adoptada por Air-e, ni vulnera disposiciones legales”. No obstante, la entidad recomendó fortalecer los mecanismos de gestión reputacional para evitar cuestionamientos futuros.
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El caso generó polémica porque, para la época de los hechos, Edwin Palma ya había sido designado como interventor de Air-e, lo que llevó a revisar con detalle si existía un eventual conflicto de interés en el nombramiento de su primo.
Sobre la contratación, el Ministerio Público destacó que los procesos revisados “se ajustaron a los manuales internos de contratación, los cuales no establecen restricción de antigüedad mínima para los oferentes, siempre que exista correspondencia con su objeto social”. Aun así, sugirió reforzar los filtros de verificación de experiencia de los proveedores.
En cuanto al manejo del Fondo Empresarial, la Procuraduría revisó los contratos de mutuo 230 y 231, por $148.000 millones, y precisó que “los desembolsos fueron destinados al pago de obligaciones en el mercado de energía mayorista, garantizando la continuidad en la prestación del servicio público esencial”.
Finalmente, el organismo aclaró que la actuación preventiva “no implica en modo alguno la coadministración o injerencia en las decisiones administrativas, financieras, técnicas o jurídicas” de las entidades públicas o privadas con funciones públicas. Sin embargo, advirtió que continuará el seguimiento preventivo ante posibles denuncias o nuevas situaciones que puedan comprometer la transparencia.
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