Corte de cuentas en salud: promesas, crisis y decretos a un año del fin del Gobierno Petro

A un año de finalizar el mandato de Gustavo Petro, el sistema de salud atraviesa una de sus mayores tensiones: 8 EPS intervenidas por el Gobierno, las tutelas por fallas en la atención superan las 340.000 en un solo año, las deudas con clínicas y hospitales siguen creciendo y ante el hundimiento de la reforma en el Congreso, el Ejecutivo decidió avanzar con su modelo por decreto.

A un año de terminar el mandato de Gustavo Petro, el balance en salud está marcado más por la incertidumbre que por los logros. Aunque el Gobierno insiste en avances en atención primaria y reducción de mortalidad, los datos más visibles hoy reflejan un sistema presionado por deudas crecientes, tensiones regulatorias y una reforma que no ha logrado pasar el congreso.

Uno de los mayores focos de crisis son las deudas acumuladas con las EPS, que para julio de 2025 superaban los 15 billones de pesos según gremios del sector. Clínicas y hospitales han advertido que los pagos atrasados están afectando gravemente la prestación de servicios, llevando incluso a la suspensión de tratamientos en algunas regiones. A esto se suma la advertencia de varios actores sobre una inminente parálisis en servicios de alta complejidad.

Durante los casi tres años del Gobierno de Gustavo Petro, al menos ocho EPS han sido intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud, una cifra sin precedentes que marca un giro en el modelo de aseguramiento. Entre las intervenidas se encuentran Sanitas, Nueva EPS, Famisanar, Emssanar, Savia Salud, Asmet Salud, SOS y Coosalud, en su mayoría responsables de la atención de millones de usuarios en todo el país. Aunque el Gobierno ha defendido estas medidas como necesarias por los incumplimientos financieros y operativos de las entidades, diversos sectores advierten que las intervenciones no han resuelto la crisis y han deteriorado aún más la calidad y oportunidad en la atención. Además, en conjunto, estas EPS concentran la mayor cantidad de quejas y reclamos del sistema, con más de 875.000 reportes solo en 2024.

En paralelo, sigue sin resolverse el debate sobre la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el dinero que el Estado gira por cada afiliado al sistema. El gobierno ha insistido en que ha aumentado los recursos para salud —más de 89 billones de pesos en 2024, el mayor presupuesto en la historia—, pero entidades del sector señalan que el incremento no compensa la inflación en servicios y medicamentos. La mesa técnica convocada para discutir la UPC fue aplazada por la ausencia de más de la mitad de las entidades citadas.

Otro dato alarmante es el aumento de tutelas por servicios de salud: según la Defensoría del Pueblo, en 2024 se presentaron más de 340.000 tutelas relacionadas con el derecho a la salud, un incremento del 11 % frente al año anterior. La mayoría de los casos apuntan a demoras o negativas en la entrega de medicamentos, tratamientos especializados y procedimientos vitales.

En medio de este panorama, el presidente Petro firmó el Decreto 0858 de 2025, con el cual empieza a implementar parte de su modelo de salud sin que el Congreso haya aprobado la reforma. El decreto cambia el papel de las EPS, que pasarán a un rol más administrativo, e introduce las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud y los Centros de Atención Primaria, que deberán orientar a los pacientes dentro del sistema. Sin embargo, la implementación aún es incierta y tanto gremios como exministros advierten que el decreto no ataca las causas estructurales de la crisis actual.

En defensa de su gestión, el presidente Petro ha dicho que la mortalidad general ha disminuido, que se han aumentado las vacunas aplicadas y que el enfoque en atención primaria evitará futuras enfermedades. Pero estos avances, aunque significativos, no disminuyen la gravedad de la crisis.

Así, el sector salud cierra el tercer año del gobierno con más preguntas que respuestas: una reforma congelada, un sistema financieramente asfixiado y un modelo en transición sin hoja de ruta clara. Las promesas de universalidad, prevención y equidad aún no logran materializarse en la atención que reciben millones de colombianos.

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