Demandaron el decreto que restringe la movilidad de los motociclistas en Bogotá
Además, se solicitó que se implemente una medida cautelar que suspenda provisionalmente el decreto.
               El abogado constitucionalista Germán Calderón España interpuso una demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con la que busca que se declare la nulidad del Decreto 528 de 2025, entre el jueves 30 de octubre y el lunes 3 de noviembre.
Dichos impedimentos especiales se plantearon desde el Distrito como una medida para prevenir accidentes de tránsito y alteraciones del orden público relacionadas con las denominadas “rodadas del terror”, organizadas por algunas
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Según el jurista, el decreto carece de motivación, viola derechos fundamentales y afecta el trabajo y la movilidad de miles de ciudadanos.
“Interpuse una demanda de nulidad contra el decreto proferido por el alcalde mayor de Bogotá, que impone unas medidas restrictivas a los moteros y sus parrilleros en este puente festivo”, señaló a
Agregó que “ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se interpuso la demanda por falta de motivación del decreto, porque no establece cuáles son las incidencias, en términos matemáticos y estadísticos, de la movilidad de los moteros y sus parrilleros frente al resquebrajamiento del orden público en Bogotá. También viola los derechos fundamentales de la libre circulación y de la libre movilidad de los moteros y sus parrilleros”.
Medida cautelar
El constitucionalista le pidió a los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, como medida cautelar, suspendan la aplicación del decreto.
“Se solicitó medida de suspensión provisional para que el tribunal se pronuncie esta misma tarde y, con eso, conjurar la crisis de movilidad y el caos que se ha venido presentando en la ciudad en los últimos días”, detalló.
La demanda también se interpuso contra las Secretarías Distritales de Movilidad y de Seguridad, Convivencia y Justicia.
En uno de los apartes del documento se señala que el decreto “adolece de falta de motivación” y viola los derechos fundamentales a la libre circulación, al trabajo y a la igualdad.
“El acto acusado carece de una motivación estadística y real que justifique la restricción a los motociclistas. No se evidencia una incidencia directa de este sector en la alteración del orden público ni en hechos de violencia que sustenten la medida”, se lee en la demanda.
También se detalla que los afectados —los motociclistas— no fueron escuchados ni tenidos en cuenta a la hora de expedir el decreto.
“Dentro de las consideraciones del acto acusado jamás se anuncia que los moteros fueron invitados a audiencia pública alguna o a ejercer su derecho a la defensa antes de adoptarse las medidas implementadas abruptamente”, subraya Calderón España.
Otro de los argumentos se basó en que el Distrito no sustentó la expedición del decreto en cifras de siniestralidad vial.
“Si bien existen altos índices de accidentalidad y mortalidad, esas estadísticas no desarrollan una motivación fuerte para impedir la movilidad de los moteros y sus parrilleros. Lo que sí ha causado esta medida es una hecatombe en la ciudad desde todos los frentes”.
Finalmente, el abogado agregó sobre la solicitud de medida cautelar que “si no se decreta la suspensión provisional de los efectos jurídicos del decreto, se pone en riesgo el orden público y la convivencia pacífica de los bogotanos”.

           
           
           
           
           
           
           
           
           
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