Admiten demanda contra MinEducación y Servicio Geológico por supuesto uso político de redes sociales
Se solicitó que las entidades del Estado se abstengan de utilizar la publicidad oficial para la promoción o exaltación de servidores públicos, o para replicar mensajes ajenos a su objeto legal.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió las demandas interpuestas por la Fundación para el Estado de Derecho contra el Ministerio de Educación Nacional y el Servicio Geológico Colombiano (SGC), por el supuesto uso político de sus cuentas oficiales en redes sociales, en contravía de su misión institucional.
En la argumentación de las demandas que estudiará el alto tribunal, se advierte que en las cuentas oficiales de dichas instituciones del Estado se estaría promoviendo la figura del presidente de la República, Gustavo Petro.
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Servicio Geológico Colombiano
Según la demanda, en las cuentas de redes sociales del SGC, destinadas a informar a los colombianos sobre temas de interés público, se realizaron publicaciones con contenido político y proselitista.
“El SGC, una entidad científica cuya misión es el monitoreo sísmico y geológico, difundió mensajes asociados a campañas políticas y proselitistas del Gobierno, con el uso de los hashtags #SeRobaronLaSalud, #TrumpSeEquivocóDePaís y #El24ALaPlaza, este último para llamar a la movilización convocada por el presidente”, se indicó en el documento.
Por su parte, Andrés Caro, director de la Fundación para el Estado de Derecho, añadió que “el uso de una cuenta destinada a alertar a la población sobre riesgos naturales para fines de propaganda es preocupante, pues se puso temporalmente al servicio de un objetivo político un canal cuya razón de ser es la protección de la vida y la gestión del riesgo”.
Ministerio de Educación
Desde la cuenta oficial de la cartera de Educación también se habrían compartido piezas y mensajes de tinte político que no hacen parte de su trabajo institucional.
Las publicaciones incluían convocatorias y llamados a la movilización.
“El uso de recursos institucionales para promover agendas políticas desnaturaliza la función pública, otorga ventajas comunicativas indebidas al Gobierno, afecta la igualdad democrática y puede derivar en faltas disciplinarias, fiscales y administrativas”, se lee en la demanda de la Fundación.
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